Comparto con Marta Costas su censura a la Disposición adicional primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, pero por razones bien diferentes. Yo no me pregunto acerca de quien ha de soportar el costo porque resulta obvio que ha de ser aquel que, como en toda relaciòn de trabajo, se beneficia de la "plus valía" que produce el trabajador, se llame albañil, se llame abogado. Por mucho que se quiera llenar de romanticismo la pasantía hace muchos años que, en la mayoría de los casos, ha dejado de serlo en el sentido genuino e histórico del término. Quien quiera tener un pasante para que le lleve la cartera, coja las llamadas del teléfono o, incluso, vaya al estanco a comprarle el paquete de tabaco, no puede demandar una relaciòn laboral especial, aunque se trate de abogados. No cabe rasgarse las vestiduras por tener que afrontar el pago de unos costos que el abogado causa como cualquer otra persona en su misma situación de dependencia y servicio. Mi censura estriba en que la normativa recién instaurada, alicorta por uniforme, crea problemas y perturba a quienes siguen teniendo una concepción, que llevan a la práctica, de la pasantía en su estado más puro. Aquellos, pocos pero que los hay, que no obtienen ninguna plus-valía, que consideran que la minuta es para el que realiza el trabajo, y conviven con los compañeros pasantes hasta que éstos deciden volar solos e independizarse, serán perseguidos por la Inspección de Trabajo como explotadores de unos nuevos servidores de la gleba. Y contra eso me rebelo...
