Esto nos está haciendo mucho daño». Así responde un concejal pasados los primeros días después del levantamiento del secreto de la práctica totalidad del sumario de la operación Pokémon. Días que han sido difíciles para los políticos locales gallegos, atenazados por las consecuencias de la mayor investigación jamas realizada en Galicia contra la corrupción municipal.

Los 122 tomos, que contienen decenas de miles de folios, cientos de pinchazos telefónicos y más de cien interrogatorios, revelan corruptelas y amaños, y han sacudido los cimientos de los gobiernos locales de cuatro grandes ciudades. Tráfico de influencias, trato de favor, cohecho, soborno y blanqueo de capitales son algunos de los graves delitos que se ciernen sobre los más de cien imputados por la jueza Pilar de Lara, que en septiembre del 2011 puso en marcha contra viento y marea esta investigación desde su pequeño juzgado de Lugo.

Casi treinta meses después, la desclasificación de los documentos pone en jaque a alcaldes, concejales, funcionarios, policías y empresarios imputados en la trama de corrupción urdida, según explica la jueza en uno de sus autos, por los responsables del grupo Vendex «para lograr adjudicaciones de las Administraciones locales en toda España».

Solo los detenidos dimitieron

Municipios y entidades supramunicipales de Asturias y Cataluña se han visto salpicadas por esta trama. Pero ninguna como Lugo, Santiago, Ourense y A Coruña, donde alcaldes y concejales se aferran al cargo convencidos de su inocencia. Los que han dimitido lo han hecho después de haber sido detenidos, como los alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), y los concejales Albino Vázquez (PP de Santiago) y Fernando Varela (BNG de Ourense), que siguen negando las acusaciones de Vigilancia Aduanera. También las niegan -o, en algunos casos, las matizan-, pero desde el sillón municipal, los alcaldes de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), y de Santiago, Ángel Currás (PP), y los concejales de A Coruña Julio Flores (PP) y José Nogueira (PSOE), y de Santiago Rebeca Domínguez (PP), Adrián Varela (PP) y Bernardino Rama (PSOE).

Ellos son, junto al exalcalde compostelano Conde Roa y su entonces jefe de gabinete, Ángel Espadas, los personajes más visibles de un complejo mundo de intereses y supuestos favores que se tejían desde Vendex. ¿Pero qué es Vendex y cómo trabajaba? Se lo explicó a la jueza su presidente, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, un cubano septuagenario afincado en Madrid. Vendex es la matriz de un grupo de empresas de servicios que tiene su clientela en los ayuntamientos. Gestiona aparcamientos de la zona ORA, la retirada de vehículos, la limpieza de instalaciones y colegios públicos y el abastecimiento de agua.

Según las conclusiones de la jueza, Vendex «realiza presuntamente sobornos» para lograr esas adjudicaciones. Acosta aseguró que pagaba 3.500 euros al mes a Francisco Fernández Liñares (PSOE), exconcejal de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Vendex, prosigue la jueza, contrató a «personas recomendadas por las distintas autoridades, políticos y funcionarios intervinientes en los procesos de contratación», y realizó presuntamente «pagos periódicos» a algunas de esas personas «para gratificar su actuación en la consecución de los contratos y servicios adjudicados al grupo Vendex por las distintas Administraciones públicas».

Vino, plumas y relojes

Dinero, y regalos, variados regalos. Botellas de Dom Pérignon, de Moët Chandon, de Vega Sicilia, bolsos, plumas, relojes... Era la «práctica habitual hacer regalos por parte de la empresa Vendex, tanto si hay o no contratos de servicios por el medio», explican en un informe los investigadores de Vigilancia Aduanera.

El propio presidente de Vendex le confesó a la jueza en qué consistía su política de regalos: «Cada delegado tiene una lista que la debatimos, y en función de esas listas, depuradas entre los dos, se procede». ¿Qué tipo de regalos?, pregu