La juez que investiga el caso Raval ha encargado un informe sobre la “salud mental” y los “hábitos tóxicos” de los diez agentes de los Mossos d’Esquadra que detuvieron a Juan Andrés Benítez el 5 de octubre de 2013. El empresario del Gayxample falleció tras ser reducido de forma violenta por la policía. De los diez agentes imputados por esos hechos, nueve lo están por un delito contra la vida. En un auto notificado ayer, la magistrada autoriza que se hagan los dictámenes sobre el estado mental de los agentes y sobre si consumen algún tipo de drogas, en respuesta a la petición que hizo el ministerio público el pasado 17 de enero.

El auto ratifica las imputaciones de los agentes, porque considera que existen “poderoso indicios” que hacen pensar que fueron quienes causaron la muerte de Benítez. La magistrada, sin embargo, considera que aún es pronto para determinar si se trató de un homicidio intencionado o imprudente. En concreto, la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, Eva Moltó, se refiere a las “patadas, golpes y rodillazos”, así como el uso de la defensa, la “desproporción en cuanto al número de golpes, la excesiva duración de la contención; los gritos, lamentos y gemidos” de la víctima, el “sometimiento” del que fue objeto, así como el “peligro y riesgo innecesarios, que podía comprometer su vida”. La juez lo define como un “reprobable actuar de los agentes, desde la perspectiva del derecho penal”.

En su escrito, la juez deniega la petición de las defensas de que se archive la causa contra los agentes, y declina también la solicitud de una segunda autopsia. Las defensas habían solicitado que se evaluase de nuevo el corazón de Benítez. La juez argumenta que ya no tiene sentido una vez pasados cuatro meses de los hechos. Y añade que, para saber cómo influyó la dolencia cardíaca que padecía Benítez en su fallecimiento, la prueba debería hacerse con un corazón en funcionamiento. La petición, subraya, es “inútil, superflua y perjudicial por dilatoria”. Por último, también desestima que se practique una prueba pericial sobre la conveniencia de los “golpes de distracción” y su proporcionalidad que los agentes propinaron a Benítez. “El Tribunal enjuiciador”, afirma el escrito, "es quien habrá de ponderar en su día sobre lo propuesto ahora como prueba pericial”.

Entre otras diligencias, la juez pide también a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía —que se han encargado de investigar la causa— que amplíen el atestado en el que concluyeron que los agentes que redujeron a Benítez le propinaron “cinco puñetazos” en la cabeza. En concreto, les solicita que reflejen los “tiempos de los hechos objeto de investigación”.

La juez también alude a la destrucción de unas imágenes por parte de una vecina, cuando una agente le preguntó si había grabado lo sucedido en la calle de Aurora del Raval. El proceder de la policía, que está imputada, no puede “proclamarse inocuo desde un punto de vista penal”. El auto concluye que la actitud de la policía fue “implícitamente coactiva, por venir de quien venía (una agente de la autoridad uniformada) y en el momento y en el contexto en el que se formulaba”. Moltó también ha llamado a declarar, el próximo día 20, a los médicos que atendieron a Benítez en el hospital Clínic, donde murió.