El Consejo General de la Abogacía y la fundación Abogacía Española han mostrado su "radical rechazo" a la proposición de ley del grupo popular que limita la extensión de la jurisdicción de España fuera de sus fronteras y cuya tramitación ha sido aprobada en el Congreso. Para los abogados, la propuesta, que califican de "injusta" entra en contradicción con "los fundamentos de la jurisdicción universal, y con compromisos internacionales adquiridos por España".

Aseguran que, de salir adelante, España reduciría "drásticamente su compromiso internacional y su protagonismo en la lucha contra los crímenes sancionados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario".

A este respecto, y en la línea de lo advertido por las asociaciones judiciales, sostienen que "el cambio legal previsto podría dar lugar al archivo de varias causas abiertas, como el caso Couso, el genocidio de Guatemala, los asesinatos cometidos en el Sáhara y la relacionada con los delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población de la región autónoma del Tíbet en los años ochenta y noventa del siglo XX".

También reduciría, en su opinión "la capacidad de los tribunales españoles para iniciar procedimientos por hechos delictivos de naturaleza transnacional: trata de personas, tráfico de estupefacientes, o delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad. Esto facilitará la existencia de nuevos espacios de impunidad para los presuntos culpables".
Imposibilidad de investigar delitos

En este sentido, explican que "la reforma de esta legislación llevada a cabo en 2009 ya supuso un recorte exprés al principio de universalidad de la jurisdicción en diversas materias, que tuvo como consecuencia inmediata e identificable la imposibilidad de investigar posibles crímenes cometidos por Israel en la franja de Gaza durante la Operación Plomo Fundido, entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Entonces, diversos colectivos palestinos intentaron buscar justicia en la Audiencia Nacional, pero el cambio normativo apresurado se lo impidió".

Asimismo, indican que "llama la atención la celeridad con la que se producen las reformas de leyes orgánicas que afectan a estas cuestiones y, en el caso actual, la ausencia total de apoyos parlamentarios al Grupo que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara parlamentaria y ha presentado la propuesta de reforma".

Por último, advierten de que puede "generar nuevas controversias jurídicas con algunos preceptos adoptados por España en virtud de la firma de convenios y tratados, como sucede en el caso del artículo 129 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949".

Por todo, consideran "lamentable" el "doble rasero" que se aplica en las relaciones internacionales de los Estados, en tanto que "por un lado se apoya en lo económico un mundo cada vez más globalizado, libre de cortapisas y guiado por la cesión de soberanía, mientras que en materia de justicia se aprueban decisiones que suponen un repliegue de la vocación internacionalista y vigilante de los derechos humanos por los Estados, apartando la vista cuando las víctimas de violaciones de esos derechos están al otro lado de la frontera, donde no pueden obtener reparación".