La Judicatura catalana también apuesta por la consulta. 33 magistrados y jueces que ejercen sus funciones en los partidos judiciales catalanes apoyan el derecho a decidir en un manifiesto que hicieron público ayer y que pretenden enviar al Parlament, la Generalitat y los partidos políticos. Entre los firmantes están los dos ex magistrados instructores del caso Palau, Juli Solaz y Josep Maria Pijuan -recién jubilado- cuando estaban al frente del Juzgado número 30 de Barcelona; la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, que ha sentado a Fèlix Millet en el banquillo por el caso del Hotel del Palau; el juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, o Montserrat Comas que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El manifiesto destaca que «la negación del derecho a decidir sólo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Cataluña». En este sentido, avalan la consulta del próximo 9 de diciembre y dejan claro que su intención es ofrecer a la sociedad su «perspectiva sobre la legitimidad y legalidad del derecho a decidir».

El manifiesto parte de la idea de que «Cataluña es una nación» por su historia, su cultura y su voluntad de reconocimiento internacional. Además, indica que esta «indiscutible realidad nacional» está en la Constitución y en los estatutos de 1979 y de 2006, aunque destacan que «su reconocimiento no ha sido más explícito por razones conocidas» como «el modelo de transición a un régimen democrático y el peligro de involución o amenaza autoritaria, confirmado en 1981» con el golpe de estado del 23-F.

Los jueces destacan que este «reconocimiento» del derecho a decidir de los catalanes está confirmado por la Constitución y recuerdan que en Cataluña ya se ha ejercido en varias ocasiones como refrendar la Carta Magna o los estatutos.

Precisamente, consideran que la decisión del Constitucional sobre el estatut de 2006 «ha generado la actual situación política» en la que «gran parte de la sociedad catalana» reclama la consulta. Los jueces apelan a varios artículos constitucionales sobre la libertad y la igualdad de derechos de los ciudadanos para tomar decisiones. En este sentido se destaca que el artículo 92 prevé la posibilidad de consulta respecto a «las decisiones políticas de especial trascendencia».

El manifiesto se enviará a los otros 723 jueces catalanes, fiscales, secretarios judiciales y personal de la Administración de Justicia para buscar apoyos. En un principio contaban con la firma de cuatro fiscales, aunque finalmente no se posicionaron tras consultarlo con sus superiores en el Ministerio Público.