El debate sobre la declaración de soberanía de Cataluña que el pleno del Tribunal Constitucional mantuvo ayer, durante cuatro horas, no sirvió para acercar posturas sino para evidenciar el distanciamiento que existe entre los 11 magistrados y, por tanto, la cada vez más lejana posibilidad de alcanzar una resolución unánime.

Pese a que fue un posicionamiento informal, ya que el tema no estaba incluido en el orden del día, sí se considera el punto de partida para comenzar a fijar criterios sobre una resolución que todos los magistrados sopesan como de gran importancia tanto para España como para el propio Constitucional, que busca restaurar la confianza de la ciudadanía en el tribunal.

Pese a que el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, no se mostró beligerante en su defensa del recurso presentado por el Gobierno de Rajoy contra la declaración soberanista catalana, la búsqueda de consenso que pretende no ha logrado, de momento, su objetivo. Los planteamientos siguen siendo muy distantes y, aunque los 11 magistrados que componen actualmente el pleno sí están de acuerdo en que Cataluña no es soberana, la discrepancia es evidente entre los que piensan que el Constitucional debe resolver la impugnación y quienes opinan que no es el órgano competente para ello.

Los magistrados que sostienen que el tribunal ha de resolver sobre el fondo se ciñen al valor jurídico que, a su juicio, tiene la propia declaración, después de que el Consejo de Estado considerara que existían “fundamentos jurídicos suficientes” para impugnarla, tal como hizo el Gobierno.

En la postura contraria se sitúan quienes apuntan a que se trata de una situación similar a la planteada por el Gobierno de José María Aznar ante la aprobación del plan Ibarretxe por parte del Gobierno vasco, sobre el que Constitucional se pronunció (en la conocida como primera sentencia Ibarretxe) desestimando el recurso y alentando al debate político. Pese a que en el caso de Cataluña es una declaración del Parlamento y en el caso vasco era la propuesta del estatuto político del Gobierno autónomo, son varios los magistrados que consideran que hay muchos elementos en común y, por tanto, sí sirve de precedente para el Constitucional.

No obstante, son una mayoría los magistrados del tribunal que abogan por el consenso, pese a las discrepancias en sus criterios y califican de “cuestiones menores” incluir en su resolución una exposición didáctica sobre la capacidad de convocar referendos o cómo debería reformarse la Constitución para incluir la posibilidad de que las autonomías puedan convocar consultas como la anunciada por el Gobierno catalán para el 9 de noviembre.

La mayoría conservadora, compuesta por seis magistrados, está a favor de dictar la inconstitucionalidad del recurso, mientras que la minoría progresista, integrada por cinco magistrados, apuesta por que sean los órganos políticos los que resuelvan el debate ante la falta de valor jurídico de la declaración.

La ponencia, redactada por la vicepresidenta Adela Asúa, se decanta por esta última opción por lo que, de mantenerse la división que ayer se evidenció en el pleno, tendría dos opciones: retirar su ponencia y dejarla en manos de la mayoría o, ante las enmiendas, reelaborarla con las tesis de la mayoría y, para mostrar su discrepancia, presentar un voto particular. A partir de hoy comenzarán las reuniones entre los magistrados que lideran sendas posiciones y, probablemente, la decisión se vote en el último pleno del mes.