Pilotaron la tercera peor fusión de cajas de ahorros en España, que ha provocado una pérdida de 8.200 millones para los contribuyentes, y ahora están a un paso de sentarse en el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ve indicios de delitos de estafa o administración desleal contra Julio Fernández Gayoso, antaño todopoderoso presidente de Caixanova; tres de sus hombres de confianza (José Luis Pego, exdirector, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza, subdirectores), y Javier García de Paredes, exdirectivo de Caixa Galicia. Con excepción de Fernández Gayoso, los cuatro exdirectivos cobraron 18,9 millones por irse, equivalentes al 10% del patrimonio de la entidad, según el auto.

Por el delito de estafa podrían enfrentarse a penas de entre uno y seis años de prisión. Si finalmente se aprecia administración desleal, la pena se rebaja de seis meses a cuatro años de prisión o una multa.

En el auto, contra el que cabe recurso, el magistrado asegura que los exdirectivos procedieron “con abusos de las funciones de su cargo” y “pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad, al disponer fraudulentamente de bienes de la misma, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad que administraban y del FROB”.

“De esta manera, con abuso de confianza y engañando al consejo de administración de Novagalicia”, expone el juez Moreno, “los acusados consiguieron que la nueva caja se subrogara en las obligaciones previamente adquiridas por Caixanova en materia de retribuciones y en la creencia de que las obligaciones contraídas por Novagalicia con los altos directivos de Caixanova databa de sus antiguos contratos de alta dirección”.

La fusión entre Caixanova y Caixa Galicia, consumada en 2010 y respaldada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) desde la Xunta, supuso la destrucción de 2.679 empleos y dejó a miles de personas atrapadas por las participaciones preferentes. La caja fusionada se transformó en Novagalicia Banco y el 88% del capital fue vendido en diciembre pasado al banco venezolano Banesco por 1.003 millones. El subgobernador del Banco de España Fernando Restoy cuantificó la venta en unas pérdidas de dinero público de 8.200 millones.

La investigación judicial concluyó que poco antes de la fusión, los ejecutivos imputados cambiaron sus contratos para consolidar complementos retributivos a los que no tenían derecho. Esos cambios se ocultaron al consejo de Caixanova y después, al de Novagalicia celebrado el 1 de diciembre de 2010. El juez explica que ese día, José Luis Pego, codirector de la caja fusionada, propuso para García de Paredes un contrato similar al suyo.

Arrancaba así la caja única gallega, entonces la quinta del país, con 70.000 millones en activos y un gran peso del ladrillo en su balance. El proyecto no tardó en tambalearse: diez meses después, los directivos de Caixanova pidieron la cuenta, que aprobó y liquidó el entonces copresidente Fernández Gayoso “con plena ignorancia del consejo de administración”. Posteriormente, José María Castellano, tras ser nombrado presidente de Novagalicia, hizo lo mismo con García de Paredes “en la creencia de que se ajustaba a la legalidad”.

Pego recibió 7,7 millones y García de Paredes 5,6, mientras que 4,8 fueron abonados a Gorriarán y 0,7 a Rodríguez Estrada. Gayoso no percibió esas indemnizaciones, pero está acusado por haberlas autorizado, aunque cobra 689.000 euros anuales de pensión. El juez Moreno ha sobreseído la causa contra el expresidente Mauro Varela y tres consejeros.