Jueces para la Democracia ha censurado que el Gobierno canjee una "sonrojante" renuncia a la defensa de los derechos humanos que deja "indefensos" a los españoles por "determinados" intereses económicos y ha reprobado la "intensa interferencia" de los políticos para limitar las investigaciones judiciales abiertas bajo el principio de la justicia universal.

"Quienes ganan especialmente con estas reformas legales son los genocidas y los autores de graves crímenes contra la humanidad, que verán aumentar la impunidad de sus delitos", ha destacado el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, respecto a la reforma que este martes comenzó su andadura en el Congreso de los Diputados con el voto en solitario del PP.

Bosch ha explicado que este principio supone una extensión del Estado en nombre de la comunidad internacional para poder perseguir los "más graves crímenes" contra la humanidad, con independencia del lugar donde se hayan cometido y la nacionalidad de las personas implicadas. "También se trata de una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y de un gran avance en la defensa de los derechos humanos", ha añadido.

A su juicio, la reforma del PP implica una importante limitación de la protección de los derechos como consecuencia de la influencia de los países más poderosos. "Se trata de una sonrojante renuncia a la defensa de los derechos humanos que se canjea por determinados intereses económicos", ha agregado.

Jueces para la Democracia considera que esta proposición de ley supone un "evidente paso atrás" en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación de los jueces en defensa de los derechos humanos. "Impedirá la investigación judicial de delitos tan graves como el de genocidio, los crímenes contra la humanidad o determinados delitos vinculados a situaciones de conflicto armado, con independencia de su lugar de comisión", ha advertido.

En este sentido, ha alertado de las consecuencias de la modificación legal que abocará al archivo numerosas causas que actualmente se están investigando en la Audiencia Nacional, entre ellas la referente al genocidio en el Tíbet, que "parece que ha sido el detonante de esta proposición de ley, ante las notorias presiones de China".

Además, ha apuntado, provocará el archivo de la causa en la que se investiga la muerte de José Couso, los genocidios en Guatemala, Ruanda o Sáhara, o el asesinato de Ignacio Ellacurría y varias personas en El Salvador, entre otras. En resumen, esta modificación supondrá una "intensa interferencia del ámbito político para acabar con las investigaciones judiciales sobre estos hechos, a causa de intereses comerciales, diplomáticos o estratégicos".

"Hay que recordar que nuestro país fue pionero en la lucha internacional contra los crímenes que tienen a la humanidad como sujeto pasivo. Y con esta modificación se va a producir un retroceso importante contra esta forma de delincuencia", ha afirmado. Por último, ha avisado de que los españoles "quedarán más indefensos" ya que si son víctimas en el extranjero de delitos de tal gravedad no tendrán la protección de nuestro sistema judicial.